(Editorial Voz Rebelde Nº 6, setiembre-octubre 2009) - La situación política en nuestro país se encamina decididamente hacia una nueva crisis institucional, cuyo telón de fondo será la expresión de una aguda crisis económica que reconoce su origen tanto en causas relativas al devenir del capitalismo en nuestro país como en las relativas a la crisis internacional en curso.
Todo indica que nuestro país y sus instituciones se aproximan a un colapso combinado que representa ciertamente una excepcionalidad histórica.
Así, mientras en anteriores episodios – por caso los ocurridos en 1989 y 2001 – la crisis política se desató como consecuencia de una previa y profunda crisis económica, en el presente todo parece indicar que la crisis político-institucional precederá a las más agudas manifestaciones de una crisis económica cuyas expresiones fenoménicas ya comienzan a madurar.
En efecto, la incapacidad demostrada por el gobierno para recuperar la iniciativa luego de la derrota electoral – incapacidad puesta de manifiesto en el fracaso del “diálogo político” y en el cuestionamiento a su poder de convocatoria para concretar el Consejo Económico y Social, es decir la negativa del conjunto de los factores de poder económico a reconocer su autoridad convocante – sumada a las profundas grietas aparecidas al interior de las diversas alianzas electorales que la enfrentaran el pasado 28 de junio – divisiones al interior del Acuerdo Cívico y Social y de la Coalición Cívica por un lado y fractura del convenio entre sectores del peronismo bonaerense y del Pro – reflejan las dificultades que el establishment político deberá enfrentar para intentar encauzar institucionalmente la crisis.
Sin duda que las dificultades que debe enfrentar el gobierno para procurarse financiamiento y su repercusión hacia el conjunto de las economías provinciales preludian intensos temblores al interior de las estructuras financieras, tanto nacionales como provinciales.
El debate surgido en torno a la cuestión de la pobreza – hábilmente fogoneado por la jerarquía de la Iglesia Católica con el objeto de asestar un duro golpe al corazón de la pretendida política distribucionista del gobierno – ha colocado en la agenda política un tema que pone al desnudo la hipocresía y la mendacidad con que se han manejado tanto el gobierno como la llamada oposición (que no es otra cosa que el reagrupamiento de la derecha en todos sus matices).
Las obscenas declaraciones de los nuevos políticos millonarios (De Narváez y Macri), de los patrones rurales, de los radicales de viejo y nuevo cuño, de la infaltable Carrió con sus delirios místicos (y sus alhajas revestidas en piedras preciosas) y de la Presidente y su marido (que dudan entre consternarse ante el crecimiento de la pobreza o celebrar sus exitosos negocios inmobiliarios) respecto del incremento ya inocultable de los índices de pobreza e indigencia, nos hablan de una dirigencia que, una vez más, pretende encaramarse (o perpetuarse) en la administración del poder político utilizando de ariete las legítimas aspiraciones del pueblo pobre.
Resulta insuficiente, a los efectos de la articulación en términos de propuesta política, la necesaria tarea de fortalecimiento de las organizaciones de masas. Es preciso que pongamos en pie una organización política popular que vaya ganando reconocimiento nacional como genuina representante de los intereses del pueblo pobre y como portadora de una propuesta política concreta frente a la situación que nos plantea la realidad concreta.
Dicha organización política no puede surgir sino del reagrupamiento de diversas experiencias que se vieran sometidas a un proceso de atomización a partir de 2004.
Debemos realizar un esfuerzo organizativo que se plantee desde la difusión de consignas concretas, el desarrollo de un programa de acción tendiente a cobrar la estatura de un actor político ineludible y con la ambición de ser determinante.
Convertir el pensamiento político en consignas políticas y éstas en acción política, revalorizar la acción política marcando una frontera infranqueable entre los que ven a la política como una “salida laboral” (y muy redituable, por cierto) y aquellos que consideramos la política como un servicio público, como un servicio al pueblo.
Denunciar a la llamada clase política apuntando a desmontar el andamiaje que garantiza su existencia, sumando de ese modo a la acción de referenciación popular una sintonía perfecta respecto de la valoración que el pueblo tiene de la clase política y de sus prácticas corruptas.
Todo ello en la convicción de que aportar nuestro esfuerzo en la construcción de espacios unitarios que planteen como columna vertebral de sus propuestas la recuperación de la explotación y la administración de los recursos naturales, la eliminación de los privilegios que usufructúa la “clase política”, la implantación de tributos a las transacciones financieras y a la trasmisión hereditaria y el establecimiento de mecanismos que permitan efectivamente la participación democrática del pueblo en la producción legislativa y en la tarea ejecutiva, nos colocará en la senda que es preciso recorrer para que el pueblo se convierta en un actor relevante a la hora de proponer salidas a la crisis que se avecina y repartir los costos que de ella se derivarán.